La Corte Suprema dictamina que la estructura de financiamiento de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor es legal

La sede de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor en Washington, DC el 14 de mayo de 2021.

Andrés Kelly | Reuters

EL La Corte Suprema falló A partir del jueves, la estructura de financiación de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor es legal.

El tribunal, por 7 votos a favor y 2 en contra, rechazó el argumento de que el método de financiación de la CFPB violaba la Cláusula de Apropiaciones de la Constitución de los Estados Unidos porque el Congreso no había autorizado el dinero de la agencia cada año. En cambio, el Congreso autorizó a la CFPB a obtener del Sistema de la Reserva Federal los fondos que el director de la agencia considere necesarios para su trabajo.

La decisión protege al CFPB de una posible sentencia de muerte, dado el riesgo de que un Congreso amargamente dividido no autorice asignaciones anuales para la agencia en la forma tradicional para otras agencias.

“La ley que autoriza a la Oficina a tomar dinero de los ingresos combinados de la Reserva Federal para llevar a cabo sus funciones satisface la Cláusula de Apropiaciones”, escribió el juez Clarence Thomas, un conservador, en nombre de la mayoría.

“Si bien puede haber otros controles constitucionales sobre el poder del Congreso para crear y financiar una agencia administrativa, especificar la fuente y el propósito es todo el control que requiere la Cláusula de Apropiaciones”, escribió Thomas.

Otros tres conservadores, el presidente del Tribunal Supremo John Roberts y los jueces Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, así como los tres jueces liberales de la Corte, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, se sumaron a la opinión mayoritaria.

Los dos jueces conservadores restantes del tribunal, Samuel Alito y Neil Gorsuch, discreparon.

La decisión del jueves “confirma un nuevo sistema legal” que permite a la CFPB “financiar su propio programa sin ningún control o supervisión del Congreso”, se lamentó Alito en su disidencia.

“En resumen, aparentemente no hay nada malo en una ley que autoriza al Ejecutivo a retirar tanto dinero como desee de cualquier fuente identificada y para cualquier propósito autorizado hasta el final de los tiempos”, escribió.

La decisión mayoritaria anuló una decisión del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, que consideró inconstitucional el mecanismo de financiación del CFPB.

Dos grupos comerciales que representan a los prestamistas, la Asociación de Servicios Financieros Comunitarios de Estados Unidos y la Alianza de Servicios al Consumidor de Texas, habían cuestionado la estructura financiera de la CFPB en el caso.

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